DOCUMENTO POLITICO
Posición política acerca del Gobierno Nacional*

* Documento elaborado por la Mesa Nacional del Movimiento Nacional Reformista para la discusión en el XXIII Congreso de la Federación Universitaria Argentina, realizado en Mar del Plata el 30 de abril y 1º de mayo de 2004.

El Movimiento Nacional Reformista, las compañeras y compañeros que lo forjamos día a día, hemos de ser fieles a las luchas que en su historia hemos liderado junto a otras organizaciones sociales y políticas desde hace muchas décadas y en todo el país. Es esa fortaleza la que ha sabido guiarnos para combatir el autoritarismo, las injusticias sociales, la dependencia económica, las visiones elitistas y reaccionarais que hoy persisten, salvo contadas excepciones, en las políticas públicas del Gobierno Nacional. Un escenario tan injusto como sublevante de nuestra patria requiere de todo nuestro compromiso en la defensa de la Argentina en términos generales y de la Universidad Pública en particular.

La crisis social, cultural, política y moral en la que está sumergida la Argentina es el producto de algo que denunciábamos hace más de 10 años cuando el hoy prófugo ex presidente Carlos Menem junto a su séquito de corruptos, dejaban echar a correr en la Argentina el modelo neoliberal de privatizaciones, devastador de lo público, sacralizante de la ideología del mercado y violadora de los derechos constitucionales del pueblo. Hoy como ayer, en términos de profundidad del planteo político, a lo que no renunciaremos es a una manera de distribuir la riqueza en nuestro país que tenga un profundo perfil democrático, igualitario, integrador y solidario. Evidentemente este Gobierno no lo entiende así, ya que, en su médula, el sistema económico no ha cambiado. No se ha producido un incentivo a las Pymes del campo y la ciudad (donde en las primeras, siguen pagando las mismas retenciones que los grandes latifundios y siguen amenazando los remates de tierras), no se ha reformulado el sistema tributario (donde el IVA sigue teniendo un peso gigante sobre los productos básicos), no se ha transformado la política social, que lejos de promesas de transparencia sigue viciada por el asistencialismo y el punterismo político, no existe una política educativa transformadora, que plantee salarios dignos para los docentes y la urgente transformación de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior – a la cual nos referiremos en particular mas adelante. En síntesis, más allá de los cambios en la Corte Suprema y la Política de Derechos Humanos, no podemos encontrar un cambio de dirección en las políticas públicas sectoriales o en el planteo general del Estado y, sobre todo, de su política económica.

Presupuesto Nacional

El neoliberalismo redujo la discusión del presupuesto al tema del financiamiento y la eficiencia considerando a la educación como una función de producción y agotando su propuesta en la optimización del costo/producto, desconociendo el enorme valor social de la educación.

Por lo tanto, aquellos principios que se gestaron en el seno de la Reforma Universitaria, tienen hoy que ser actualizados a la luz de la situación social del país, en una argentina en la que reina la exclusión la Universidad debe ser más pública que nunca, más abierta que nunca, más libre que nunca, más gratuita que nunca. No podemos contrarrestar la exclusión con más exclusión.

En este sentido, la Política Presupuestaria Educativa del Gobierno no ha cambiado considerablemente. Podemos comenzar mencionando la gran mentira bajo la cual se ha anunciado, con “bombos y platillos” el supuesto aumento de presupuesto a las Universidades Nacionales para este año. Como conocemos quienes integramos la Comunidad Universitaria, este supuesto aumento se produjo no en el presupuesto general, sino ene. Ítem de “Proyectos y Programas”, lo cual significa, de hecho, un aumento “a dedo” para las universidades amigas.

Esta situación no deja de evidenciar el pragmatismo y el corto alcance que posee este gobierno en su mirada de la Educación, lejos de una concepción generosa que priorice un proyecto colectivo nacional, donde ésta sea el pilar del desarrollo económico y social, se sigue sosteniendo una concepción egoísta, donde lo que prima es el “toma y daca”.

Entendemos que es imperativo la integración del Sistema de Universidades Nacionales, la inversión en infraestructura, la distribución equitativa del presupuesto para incrementar la inversión por estudiante según la matricula de cada una de ellas, la provisión de mayor presupuesto para investigación, el aumento de salarios docentes (seguimos teniendo cargos simples con sueldo inferiores a los $ 100 ), el aumento de salarios de los no docentes, la capacitación, la gratuidad de los postgrados y muchas otras cosas, que no son mas que cuestiones básicas y elementales si queremos un país que realmente tenga un presupuesto educativo “en serio” .

Ley de Educación Superior

El debate a cerca de la modificación, reforma, derogación, etc. De la Ley de Educación Superior, no es nuevo. Durante fines de la década de los ´90 la comunidad universitaria en general y el movimiento estudiantil en particular, se abocaron a la discusión de cada uno de sus puntos: ingreso, cogobierno, autonomía, financiamiento, gratuidad en los grados y en los postrados, ciencia y tecnología, mejora del nivel académico, relación ingreso – egreso, etc. Cayendo, por acción u omisión, en el error de no tratar el tema de la Educación Superior en su conjunto.

Haciendo una lectura de la Ley se observa, a simple vista, las particularidades del modelo educativo que en ella impera. Como ejemplos podemos mencionar el párrafo sobre autonomía, donde luego de ser garantizada su existencia, la destruye a cada paso que da, al pretender reglamentar cada una de las instancias de la vida universitaria, ejemplo de esto es el Art. 29 que establece… “ las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional…” pero en el primero de sus incisos fija que si bien pueden dictar y reformar sus estatutos, no pueden apartarse de lo que se norma en el art. 34 de esa misma Ley … “si el Ministerio considerará que los mismos (estatutos) no se ajustan a la presente ley, deberá plantear sus observaciones dentro de los diez días a contar en la comunicación oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones, la que decidirá en un plazo de veinte días, sin más tramite que una vista a la institución universitaria…” siguiendo en este sentido el art. 76 dice que “cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviese, por no reunir los requisitos y estándares mínimos previamente establecidos, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria podrá recomendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en la misma hasta que se subsanen las deficiencias encontradas…” de igual modo el art. 79 fija los plazos en que se debían adecuar los estatutos de la universidades nacionales “… ciento ochenta (180) días contando a partir de la promulgación de ésta”.

Párrafo aparte merece la mencionada CONEAU, verdadero brazo ejecutor de la política de exclusión educativa. Por donde esta Comisión ha ido pasando ha dejado un tendal de restricción: mientras por un lado el Gobierno niega un aumento de presupuesto que solucione el problema de fondo, la CONEAU evalúa las mismas condiciones negadas y las utiliza como excusa para amenazar el cierre de carreras… En el callejón, la falta de una respuesta política unificada de parte de las Universidades y la complicidad de una reacción que se viene nutriendo cada vez mas de sectores hasta ayer “progresistas” – que analizan su bolsillo ala hora de ensayar respuestas, la salida que se encuentra es la mas fácil: recortar el ingreso o imponer aranceles.

Muchas Universidades prefirieron renunciar a pelear por el derecho a la educación, antes que responder políticamente con un reclamo por mayor presupuesto y perder los favores de la Secretaría de Política Universitaria. Este es también el resultado de la fragmentación social y política que vive nuestro país, fruto de las políticas neoliberales y del “sálvese quien pueda”. Así también este Gobierno profundiza esta política al continuar el reparto a discreción del presupuesto educativo. No compartimos la idea que la CONEAU ha sido un instrumento potable para encontrar el déficit y virtudes de nuestras universidades, ya que rescatamos el profundo potencial de la propia comunidad educativa nacional para encontrar los trazos de una política superadora a la actual.

La democracia interna y la forma de gobierno que tuvieron su origen en la Reforma Universitaria de 1918 se ve claramente cercenada al establecer en sus art. 52 a 57 la mayoría docente estableciendo que en ningún caso podrá ser inferior al 50 % de la totalidad de sus miembros y posibilita la desaparición del claustro de graduados al establecer en el art. 53 inc. D “que los graduados, en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser elegidos si no tienen relación de dependencia con la institución universitaria”

La gratuidad y la permanencia de los estudiantes en la Universidad, si bien están mencionadas en ningún caso se asegura su implementación, quedando en meras formas declarativas o en enunciados generales que por el contrario garantizan su no puesta en práctica. Así, el art. 13 al hablar de los derechos que posee el estudiante en las instituciones estatales de educación superior fija en su inc. C “… el acceso a becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades…”; el problema a simple vista es que en ningún lado de la ley se establece de que lugar saldrán los fondos para financiar tal sistema, razón por la cual nos permite prejuzgar de declarativas y nada más que eso. El art. 29 en su inc. J dice que las universidades podrán “establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes…”, dejando abierta la posibilidad de implementar aranceles o cualquier régimen de ingreso que vulnere el acceso a la universidad pública. Otro articulo polémico de esta ley y que en su momento genero un gran rechazo fue el 50 en el se establece “… en las universidades con más de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido al nivel de cada facultad o unidad académica equivalente”. Al sancionarse esta ley e incluirse este artículo el menemismo, tuvo en cuenta el problema de una Universidad en particular (la disputa entre el ex decano de Medicina y el Rectorado de la UBA).

Otro tema a considerar, es el art. 29 en su inc. Ñ, en este el embate se pretende dar sobre los Centros de Estudiantes pretendiendo otorgar reconocimiento, lo que esta Ley hace es imponer a los mismo s que tengan personería jurídica, esto significa entre otras cosas que cada vez que un Centro de Estudiantes tenga un problema político lo más probable es que termine siendo dirimido ante la justicia, o que el control de las finanzas de los mismos sea seguido de cerca por órganos que nada tienen que ver con la tradición histórica del movimiento estudiantil argentino y que significaría la injerencia del poder político de turno en cuestiones particulares de los Centros de Estudiantes. Entendemos por ello que es fundamental la generación de una Ley de Organizaciones Estudiantiles, que garantice la transparencia contemplando la especificidad de nuestras herramientas gremiales en un marco de autonomía política.

El Movimiento Nacional Reformista entiende que el debate integral acerca de un nuevo proyecto de Ley de Ecuación Superior se torna hoy imprescindible desde la Federación Universitaria Argentina. A esta institución le corresponde en primera instancia el comprometerse con uno, hoy el principal de los males, que acecha a la Universidad Pública en nuestro país, generando una campaña nacional de difusión como la que ya han llevado adelante algunas federaciones regionales.

Los puntos antes planteados los esgrimimos como mojón fundante para volver a tener una normativa acorde con los principios del 18 y de esta misma federación, entendiendo que la fuerza motriz en un proceso de cambio como el que se persigue saldrá del sector más dinámico de la comunidad universitaria, los estudiantes.

Rol de la Universidad en la sociedad La Extensión

Fue una incorporación latinoamericana, precisamente argentina juvenil, el concepto de extensión universitaria, el romper las barrearas que separan la Universidad con la sociedad, el recibir y dar, elida y vuelta con al sociedad.

La misión jerárquica de la Universidad no es como cree el Banco Mundial, “crear ajustados engranajes para un sistema económico determinado”. La función de la Universidad, y fundamentalmente en países nuevos como el nuestro, sin proyecto nacional solidario, es producir la síntesis del pensamiento nacional en los diversos campos y ser fermentarios de propuestas superadoras. Es producir las soluciones a los grandes problemas con los cuales se enfrenta nuestro joven país. Por ello nuestra Universidad que tiene sus raíces en la Universidad de Salamanca, es un ente público, un ente que se debe a la sociedad, tiene una responsabilidad ante la sociedad.

Las Universidades Nacionales deben orientarse por su objetivo que es su función social, y recordando a José Luis Romero: “Este es el sentido más revolucionario y original del movimiento de la Reforma: la exigencia de lo que se ha llamado la función social de la Universidad”.

Argentina ha experimentado en las últimas décadas un brutal proceso de retirada del Estado en su responsabilidad de proveer políticas de bienestar social.
Argentina producirá este año 99 millones de toneladas de alimentos básicos, suficientes para alimentar a una población de 330 millones de personas (casi 10 veces más que la población actual del país). Sin embargo, más de 5 millones de argentinos están subalimentados. 3 de cada 10 niños viven bajo el nivel de indigencia.

Esta profunda crisis es producto de las políticas aplicadas por los últimos gobiernos, responsabilidad de los partidos mayoritarios de la Argentina, que en la última década han profundizado el modelo neoliberal de privatizaciones corruptas, devastador de lo público, sacralizante de la ideología del mercado y violadora de los derechos constitucionales del pueblo.

Producto de estos años de políticas públicas lejanas a los intereses de las mayorías de nuestra Argentina, los ciudadanos de este país padecemos la impronta de una cada vez más injusta distribución de la riqueza, los cual genera cada vez más necesidades básicas insatisfechas y profundizan el incumplimiento de los derechos sociales y de los derechos humanos de la población.

Hoy nuestro pueblo vive la indigna situación de falta de trabajo, de una salud pública insuficiente, de un sistema de educación pública que tambalea, y una justicia que falla siempre de manera injusta.

En el MNR no creemos en el asistencialismo, en lo que sí creemos y es una de nuestras banderas: es en la solidaridad con aquellos que menos tienen; creemos que la Universidad debe servir para la formación integral de una persona y que esta deba estar comprometida con la realidad, la Universidad no debe limitarse solo con la formación de profesionales técnicos, es parte de su responsabilidad formar conciencia, compromiso y estimular la participación para con el resto de la sociedad, la Universidad no debe educar para la no acción y la indiferencia.

Afirmamos que la Universidad debe dar al estudiante las herramientas que le permiten abordar los problemas globales, comprender las problemáticas que nos aquejan en la sociedad y aportar con sus posibles soluciones, porque mayoritariamente esta integrada por jóvenes, el sector más vivo y movilizador de la sociedad, siempre dispuestos a adoptar este tipo de compromisos con al actividad solidaria.

Resaltamos dos frases de personalidades que vivieron la Universidad y la Reforma, uno es el compañero Deodoro Roca que dijo: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”, hoy en la Argentina son muchos los dolores que quedan pero no hay que resignarse, ya que como dijo Ernesto Sábato “resignarse es una cobardía, es el sentimiento que justifica el abandono de aquello por lo cuál vale la pena luchar, es de alguna manera una indignidad”.

Estamos plenamente convencidos que este es el camino de construcción, que esta es la herramienta que tenemos que seguir forjando los universitarios desde nuestro espacio gremial, luchando de manera incansable por una educación para todos, por mas presupuesto para esta, pero fundamentalmente, por un país inclusivo y respetuoso de los derechos sociales, algunos conseguidos de la mano de la lucha, otros esperando por mas lucha para ser conseguidos, siempre de la mano de los estudiantes y trabajadores ocupados y desocupados, y de todos aquellos que sistemáticamente venimos pagando el costo por el cual se han enriquecido los grandes vampiros, propios y extraños, que se llevaron la sangre, y la riqueza y dignidad de nuestro pueblo.

Respecto de la lucha por una Universidad inclusiva y contenedora, cuya primera preocupación sea la formación de mejores ciudadanos, críticos en el pensamiento y críticos en el conocimiento, que debe estar siempre al servicio de las demandas sociales de la realidad de nuestro pueblo en de nuestro tiempo. Esta lucha por una universidad de mayorías es a la vez por un país más justo. Esta lucha, la hemos dado con las organizaciones gremiales de los trabajadores de la Universidad, Docentes y No Docentes, con quienes debemos seguir dando una batalla cultural frente al sentido común orientado por los sectores mas reaccionarios de la sociedad, que tienen la firme convicción de reducir el sentido transformador y revolucionario de la educación pública, a un mero episodio comercial reproductor de la ideología de mercado y garante del Status Quo.

Rol del Movimiento Estudiantil

Nuestra procedencia nos compromete históricamente con las luchas estudiantiles y populares durante el último siglo. Abrazamos la férrea convicción que la Educación pública, con sus postulados de gratuidad, libre acceso y cogobierno universitario son una columna fundamental en el camino de la democratización y el progreso social. Como jóvenes, en este caso universitarios, afrontamos el enorme desafío de confrontar con una realidad extremadamente compleja, que muestra un escenario con más necesidades que oportunidades.

Durante la década de los ´90 nuestro país ha sido escenario de la aplicación de las políticas neoliberales más salvajes. La aplicación de las políticas económicas que imponía el FMI sobre nuestra patria, ha determinado una parte importante de nuestra historia, convirtiendo a nuestro país, en el mejor aplicador de las recetas del FMI.

Esta actitud determinante, fundamentalmente durante los dos gobiernos de Menem, ha significado importantes retrocesos en nuestro país, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el cultural. En este contexto, las Universidades Públicas, no han sido ajenas a la aplicación de este modelo, y como consecuencia de ello, ha sufrido sistemáticamente, recortes presupuestarias, como así también sub-ejecuciones de las partidas presupuestarias, las que afectan considerablemente el funcionamiento de todo el sistema universitario en su conjunto.

Durante esta década, el Movimiento Estudiantil, ha sido protagonista de numerosas movilizaciones de reclamos de mayor presupuesto universitario.

La consecuencia de la continuidad de este modelo, se expresó fuertemente, en la crisis social, económica, política e institucional que se manifestó con los sucesos del 19 y 20 de diciembre del año 2001, pero que se venían hace ya muchos años gestando en nuestro país.

En este sentido, y como consecuencia de la crisis desatada, gran parte de nuestros compañeros estudiantes, se vieron imposibilitados de poder continuar con sus estudios en la Universidad.

Sin duda los jóvenes asumimos hoy el rol, ya no de meros beneficiarios de políticas públicas, sino impulsores - actores – productores de estrategias de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos.

Es aquí dónde el desarrollo integral de experiencias de integración cultural, técnicas y científicas nos coloca en la responsabilidad de crear alternativas posibles para el avance positivo en cada una de las áreas de la vida de nuestros pueblos.

Nos une un legado que nace en 1918 en nuestro país, junto a trabajadores y sectores políticos, que fue la Reforma Universitaria, ella no sólo fue un legado moral sino principios políticos y culturales destinados a la acción para la maduración continua de nuestras democracias.

Debemos hacernos cargo de ese legado, no por el pasado, sin por el futuro.

El Movimiento Nacional Reformista ha tomado el firme compromiso de encarar este desafío desde la generación políticas que apunten tanto al ingreso y permanencia de nuestro compañeros en el seno de la Universidad como al compromiso consiente con el medio social del que venimos.

Re – articular al movimiento estudiantil que protagonizo junto a otros tantos actores las luchas y transformaciones más trascendentes de nuestro país es una tarea pendiente que debe tener en el presente congreso de la Federación Universitaria Argentina una inflexión fundamental.

Para avanzar en al concreción de lo antes expuesto, y en la generación de un espacio amplio y enriquecedor de las políticas estudiantiles, de cara a este nuevo Congreso de F.U.A., convocamos a todos aquellos que así lo desean a sumarse ala propuesta del M.N.R.. Un proyecto con grandes cualidades es para nosotros más legítimo que un proceso sólo cuantitativo para arribar a la conducción de nuestra herramienta gremial nacional. Hay que fortalecer identidades para esclarecer programas de gestión, no dejar éstas en un segundo plano para continuar igual ó peor.

En la lucha por una Argentina justa, libre y solidaria seguiremos transitando el camino de la profundización de la democracia para hacer de la participación la gran herramienta de liberación nacional.